Resumen: Se analiza la agravante de abuso de superioridad en el delito de robo con violencia. Las lesiones psíquicas: subsunción en el artículo 147 del Código Penal de las lesiones psicológicas derivadas de los hechos y consistentes en un síndrome de estrés postraumático. Eximente incompleta de miedo insuperable. Se estima el recurso de uno de los condenados. La conducta de lesiones leves tipificada en el artículo 617.1 vigente en la comisión de los hechos, no ha sido despenalizada por la LO 1/2015. Ha sido trasladada como delito leve al artículo 147.2 con la consideración típica de delito leve, con mayor extensión de la pena de multa prevista. Pero sometida a una condición de perseguibilidad, la denuncia del agraviado (art. 147.4 CP), lo que determina la operatividad del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuarta: «la tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal».
Resumen: La AP desestima el recurso del condenado por el Juzgado de lo Penal como autor de dos delitos de maltrato en el ámbito familiar y un delito leve de lesiones. Partiendo de la inmediación de la que disfrutó el juzgador de la primera instancia la Sala considera acertada la valoración de la prueba personal plasmada en la sentencia, del todo compatible con la documental médica. En cuanto a la grabación de teléfono móvil relativa a uno de los hecho, realizada por la madre, pese a lo que sostiene el recurrente realmente acredita la conclusión de la sentencia. Finalmente, respecto del delito leve de lesiones no se trató de una riña puesto que la actuación del agredido estuvo presidida por la defensa de la madre del acusado que estaba siendo atacada por este. Agravante de reincidencia fue correctamente apreciada.
Resumen: La acusada fue condenada por el Jugado de lo Penal como autor un delito de descubrimiento y revelación de secretos por captar la conversaciones mantenidas con el otro progenitor por el hijo cuya custodia tenía. Carece de fundamento invocar como justificación de un supuesto error de prohibición que la Acusada entendía que era la titular de la intimidad de su hijo por ser el progenitor custodio, lo que implica negar al menor su propio derecho a la intimidad, aparte de que el otro progenitor es titular también de un derecho al secreto de sus comunicaciones con el hijo. Así las cosas, es apreciable un dolo de consecuencias necesarias. Ninguna prueba hay de la circunstancia eximente y modificativas alegadas, en particular el soporte fáctico que la sustentaría relativo a uno supuesto malos tratos del padre sobre el menor.
Resumen: Los acusados, pareja sentimental al tiempo de ocurrir los hechos, se agredieron recíprocamente en el domicilio que compartía, sufriendo ambos lesiones. Cada uno de ellos e condenado por un delito de malos tratos en el ámbito familiar del art . 153 CP, por violencia de género el acusado y por violencia doméstica la acusada. Ambos recurren la sentencia y la AP estima sólo el recurso del varón. La denegación de prueba consistente en audios aportados en el juicio no conlleva la nulidad que se pretende, pudiendo haberlo sido en la alzada sin haberse hecho. Siendo contradictoria las versiones de uno y otro acusado, frente a la valoración de la sentencia la Sala constata que la localización de las lesiones sufridas por el varón apunta razonablemente a su versión de que fue agredido por su pareja. En consecuencia, se le absuelve confirmándose la condena de ella.
Resumen: Agresiones mutuas entre los miembros de una pareja que implica la condena a ambos. No puede admitirse la alegación de la eximente de legítima defensa cuando se constata que ambos implicados tenían lesiones y se habían agredido recíprocamente. La declaración de la víctima está sometida al imperio de valoración del órgano ante quien se presta, si bien el Tribunal Supremo viene estableciendo un triple requisito para entender que aquella declaración se erige en prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Ese triple test consiste en la persistencia de la incriminación, en la falta de incredibilidad tanto subjetiva como objetiva, pero sin olvidar que nos encontramos ante cuestiones meramente orientativas, ni la concurrencia de las tres implica necesariamente que se acoja la versión de la víctima, ni la ausencia de alguna de ellas conlleva la imposibilidad de su valoración.
Resumen: El principio de presunción de inocencia supone el derecho del acusado a ser absuelto en el caso de no haberse practicado en el juicio oral prueba de cargo tendente a acreditar la acusación formulada contra él. En el caso de autos se ha practicado prueba con todas las garantías y ha de considerarse suficiente. A tal efecto se cuenta con la declaración de la perjudicada, la declaración de una testigo presencial, con una serie de partes médicos que revelan que las lesiones sufridas son compatibles con el mecanismo causal descrito por la perjudicada y la testigo y que fueron ratificadas en juicio por la médico forense. El supuesto error en la apreciación de la prueba se basa en la versión de los hechos de la acusada y su particular visión de lo ocurrido y, en concreto, que actuó en legítima defensa y que la testigo tiene una relación de amistad con la perjudicada. La versión de la acusada no tiene sustento mínimo y la carga de la prueba sobre la legítima defensa a ella le correspondía. Rehabilitar significa recuperar una función perdida o disminuida por traumatismos o enfermedad, y cuando la rehabilitación es necesaria objetivamente para la curación de una lesión y es o deber ser prescrita por un médico, constituye tratamiento médico, incluso aunque tuviera que ser realizada por el propio paciente como comportamiento a seguir.
Resumen: Atentado. Interno en un centro penitenciario se enfrenta a funcionarios de prisiones, llegando a golpearles y lanzarles patadas. Valoración de la prueba; se cuestiona que deban prevalecer las declaraciones de los funcionarios. En relación al valor del testimonio de los agentes policiales, trasladable a las declaraciones de los funcionarios el Tribunal Supremo mantiene que la declaración de los agentes de policía prestadas con las garantías propias de la contradicción, inmediación y publicidad, es prueba hábil y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, correspondiendo su valoración, en contraste con las demás pruebas, al Tribunal de instancia. Tendrán el valor de declaraciones testifícales, y al llevar a cabo sus declaraciones de forma imparcial y profesional, en el sentido de que no existe razón alguna para dudar de su veracidad, cuando realizan sus cometidos profesionales, teniendo sus manifestaciones un alto poder convictivo, en cuanto no existe elemento subjetivo alguno para dudar de su veracidad. Para que pueda hablarse de legítima defensa, tanto a efectos de eximentes completa como incompleta o incluso como atenuante analógica, es necesario que exista una agresión ilegítima que provoque en el agredido la necesidad de defenderse. No consta extralimitación que permita hablar de agresión ilegitima.
Resumen: La existencia de lesiones mutuas en una pelea no dispensa al juzgador, en la medida de lo posible, de determinar quién inició la agresión, a los evidentes efectos de valorar una posible eximente o eximente incompleta de legítima defensa. Quien desencadenó la agresión fue el apelado que reconoció que, con motivo de haber sido supuestamente agredido cinco meses antes por el apelante, al verle le agredió con una botella que llevaba en la mano. No le agredió como respuesta a una agresión actual o inminente, sino como represalia hacia un suceso pasado y consumado. Se dan los requisitos de la legítima defensa completa, dado que la respuesta del agredido, al defenderse con sus manos frente a quien le golpea con una botella, es un medio necesario y racionalmente empleado, pues no hay ninguna lesión que evidencie un exceso defensivo en el denunciado (por ejemplo, que indique que una vez inmovilizado en el suelo, le golpea en el rostro como represalia innecesaria para la defensa). Y no hay ningún tipo de provocación previa, pues no lo es un suceso ocurrido cinco meses antes. Se revoca así la condena del apelante por estimarse concurrente la legítima defensa del art. 20.4º CP.
Resumen: Apela la sentencia del Juzgado de lo Penal el condenado como autor de tres delito de lesiones, uno básico y dos leves. La AP estima parcialmente su recurso reduciendo la pena impuesta por el delito del artículo 147.1 CP. Alegado como motivo principal la falta de prueba para la condena, replica la Sala que la practicada en el plenario fue suficiente para enervar la presunción de inocencia siendo correcta su valoración por el juzgador. Tratándose esencialmente de pruebas personales hay que respetar la inmediación del tribunal de la primera instancia cuando, como es el caso, no se aprecian razones para apartarse de su criterio valorativo. Faltando el requisito esencial de una previa agresión ilegítima (se trató de una riña mutuamente aceptada) no cabe apreciar la eximente de legítima defensa que se invoca. Por el contrario, se estima razonable apreciar la atenuante de dilaciones indebidas con la consiguiente reducción de la pena. Finalmente, se mantiene la condena al pago de las costa de la acusación particular.
Resumen: Se constata que la declaración de la lesionada tuvo el carácter de prueba directa de la agresión de la que fue objeto por parte de la apelante. Corroborándose su declaración por el informe del hospital y el informe del médico forense, en los que se hace constar las lesiones. Y también se corrobora la versión de la víctima por la declaración de otra testigo. Y en cuanto a la eximente de legítima defensa que se alega en el recurso, las declaraciones vienen a coincidir en la pelea que tuvo lugar entre ellas, sin bien cada una imputa a la otra la iniciativa en la agresión. No resultando del juicio oral prueba que acredite de forma indubitada quien agredió primero y quien, en su caso, se hubiera limitada a defenderse. No es posible apreciar la existencia de una agresión ilegítima en supuestos de riña mutuamente aceptada porque en ese escenario de pelea recíprocamente consentida, los contendientes se sitúan al margen de la protección penal al ser actores provocadores cada uno de ellos del enfrentamiento. Además, las circunstancias de hecho en que la Ley funda las circunstancias eximentes o atenuantes no se presumen, sino que deben quedar indubitadamente acreditas en la causa para que las eximentes o atenuantes puedan ser aplicadas en la sentencia.
